España condenada por su historial de derechos humanos

Se ha expresado preocupación por el historial de derechos humanos de España, en particular las condiciones de detención “injustas” y la extensa detención preventiva de sospechosos, durante el Examen Periódico Universal de España en la ONU en Ginebra el 22 de enero.

Willy Fautre, director de HRWF

Willy Fautre, director de HRWF

El estado miembro de la UE ha sido acusado de “no cumplir” con las normas internacionales sobre juicios justos.

Durante la sesión plenaria del EPU de España, el Reino Unido planteó la cuestión del incumplimiento percibido por España de cumplir con las normas internacionales sobre juicios justos a través de una serie de preguntas específicas.

En los últimos 15 años, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, en particular su Comité de Prevención de la Tortura (CPT), han expresado quejas similares.

Durante todo el proceso que condujo al EPU de España, varias organizaciones de la sociedad civil destacaron reiteradamente el caso de un respetado hombre de negocios y su familia ilegalmente arrestado y mantenido en prisión preventiva, a través de declaraciones orales y otras formas de defensa.

Vladimir Kokorev

Vladimir Kokorev

Vladimir Kokorev y su esposa Yulia, ambos de 60 años, y su hijo Igor, de 33 años, han estado detenidos durante mucho tiempo antes del juicio durante aproximadamente dos años.

La familia, según le dijeron a la ONU, no tenía acceso a su expediente (un régimen en España llamado “secreto de sumario”) y ha estado sujeta a condiciones carcelarias “particularmente duras”. El régimen, normalmente reservado para terroristas, sospechosos de terrorismo y delincuentes violentos, se conoce como FIES. Esto significa El Registro de Prisioneros que requieren Especial o Ficheros de Internos de Especial Seguimiento.

Además del caso que se transmitió en la ONU, Scott Crosby, un abogado con sede en Bruselas, ha planteado el caso de Vladimir Kokorev ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los tres miembros de la familia fueron encarcelados a fines de 2015 y detenidos hasta fines de 2017 en dos casos y hasta principios de 2018 en el otro por lo que Crosby, un ciudadano del Reino Unido, llama sospecha “vagamente redactada” de lavado de dinero. Ninguno de la familia tiene antecedentes penales.

No se han presentado cargos formales y, dice Crosby, “ni se pudieron presentar porque no había evidencia de que los Kokorevs hubieran manejado dinero generado ilícitamente”. A pesar del hecho de que han pasado cinco años desde su arresto, aún no se ha fijado la fecha del juicio.

El caso, y el “abuso repetido” de los detenidos en España, también ha sido condenado por un grupo de abogados españoles (CAPS). En su presentación a la ONU, el grupo acusa a la judicatura española de usar cargos falsos de lavado de dinero para ordenar una larga prisión preventiva “injusta”.

Después de que el caso Kokorev llamó la atención de un grupo de miembros del Parlamento Europeo, los miembros de la familia fueron finalmente liberados sin derecho a fianza de la detención preventiva. Pero la familia Kokorev ahora está sujeta a lo que se llama “confinamiento territorial” que restringe su libertad de movimiento en Las Palmas de Gran Canaria, donde residen.

No pueden salir de la isla y se les exige que se reporten semanalmente a un tribunal local. Estas restricciones han estado vigentes más de dos años después de su “liberación” de la custodia.

El principal grupo de Derechos Humanos sin Fronteras (HRWF) con sede en Bruselas también ha planteado el problema, viajando a la isla el año pasado para llevar a cabo una investigación sobre el sistema FIES y su presunto mal uso en el caso del arresto y encarcelamiento de la familia Kokorev.

El equipo de HRWF habló con la familia, su abogado y representantes del sindicato de guardias de la prisión.

Willy Fautre, director de HRWF, dijo a este sitio web: “La ley española ha sido malversada y ahora se está imponiendo a personas no violentas y no peligrosas que resultan en condiciones de detención injusta y extensos períodos de detención preventiva”.

Ahora se ha ejercido más presión sobre España en la ONU en Ginebra, donde la delegación del Reino Unido planteó el tema esta semana.

Un portavoz de la delegación del Reino Unido dijo: “Agradeceríamos más información sobre el período permitido de secreto judicial. ¿Cómo responde el Gobierno de España a los críticos que argumentan que obstaculiza la provisión de una defensa adecuada, en algunos casos donde dicha restricción es no garantizado?

“Por favor, ¿podría dar más detalles sobre la evaluación del Gobierno de España sobre la efectividad de las medidas adoptadas para garantizar que la policía estatal y los oficiales de seguridad a todos los niveles entiendan y cumplan con su deber de respetar los derechos humanos de los sospechosos y detenidos? Además, ¿qué es el Gobierno? de la evaluación de España de la efectividad de los mecanismos para garantizar la rendición de cuentas?

“¿Podría informarnos de la evaluación del Gobierno de España de las medidas tomadas para garantizar que los acusados ​​tengan acceso oportuno y efectivo a un abogado antes de las audiencias judiciales preliminares?”

España pronto tendrá que responder a estas y otras preguntas inquietantes en el marco del Examen Periódico Universal.


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